Buscan implementar el pago a plazos justos para Mipymes

Desde el Congreso, y con el apoyo de 16 gremios y asociaciones de empresarios del país, se está pidiendo a Gobierno Nacional un "salvavidas" para que, vía decreto, se adopte la obligación de pago de facturas en plazos máximos de 30 días y se promueva el pago de las que están en cartera.

Desde antes de que iniciara la crisis económica generada por el Covid-19, las micro, pequeñas y medianas empresas del país ya estaban atravesando por serios problemas de flujo de caja, debido a los pagos que las grandes empresas realizan a sus facturas en periodos que superan hasta los 180 días. Así mismo, muchas de las medidas que ha anunciado el Gobierno Nacional para ayudar a las empresas, no tendrán un efecto inmediato o deben efectuarse a través de los bancos comerciales.

Por ello, el Representante a la Cámara por el Partido Verde, Mauricio Toro y el Representante por el Partido Liberal, Fabio Arroyabe, junto con los principales gremios del país, lideran una iniciativa para pedirle al presidente Iván Duque que decrete ya mismo, políticas de pago a plazos justos, similares a las del proyecto de ley que ha venido impulsando desde el Congreso y que se encuentra en espera de su tercer debate, y que desde el 2019, el Presidente se ha comprometido ante la opinión pública a apoyar.

Para el Representante Toro: “Implementar el pago a plazos justos es una medida muy adecuada por varias razones: en primer lugar, no implica derogación del Estado, ni del fisco. Segundo, no representa una carga nueva para ningún sector, ya que se pagarían obligaciones que ya son exigibles. Tercero, este flujo de caja es una medida de efecto inmediato, que ayudaría a muchísimas MiPymes para sobrellevar el pago de salarios y obligaciones; y cuarto, varias empresas ya lo están haciendo, demostrando que sí es posible financiera y económicamente para las grandes empresas”.

Así mismo, según el Representantes Arroyabe: “Este es el mejor momento para implementar el Decreto Pago a Plazos Justos Ya. Tenemos que darle la mano a los empresarios y trabajadores. Además, es una oportunidad para que cuando sea llevado al Congreso de la República, lo defendamos y convirtamos en una política pública.

Además de la UCEP, entre los gremios que apoyan la iniciativa se encuentran ACOPI (Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas), COLFECAR (Federación Colombiana de Transportadores de Carga), ECOS (Empresas Colombianas de Seguridad), ACICAM (Asociación Colombiana de Industriales del Cuero y sus Manufacturas), ANRACI (Gremio de la Protección Contra Incendios) ANDIGRAF (Asociación Colombiana de la Industria de la Comunicación Gráfica), FEDESOT (Federación colombiana de las industrias de software y TI), Cámara Colombiana de Energía, Cámara de Comerciantes LGBT, Sistema B, SOMOS ACP (Asociación de Productoras de Comerciales), ASEC (Asociación de Emprendedores de Colombia), EO (Entrepreneur´s Organization), ACIEM (Asociación Colombiana de Ingenieros) y APROCOF (Ingenieros del agua).